Garantizar a las mujeres una participación política plena sigue siendo un desafío, la reforma en materia de violencia política, sentó las bases reglamentarias para la atención de los casos y la creación de mecanismos de coordinación entre las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

En el marco de este nuevo arreglo institucional, la cantidad de casos que son del conocimiento de las autoridades competentes se percibe apenas como la punta del iceberg de una realidad política en la que se menoscaban los derechos políticos y electorales de las mujeres:

• El IEPC Jalisco a la fecha ha recibido un total de 60 quejas,^[1] de las cuales, en 18 casos la Comisión de Quejas y Denuncias declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas.
• Para su resolución de fondo dichos expediente fueron remitidos al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ), de los cuales, en 2021, 3 obtuvieron una sentencia en la que se acreditó la VPMRG^[2] y en 2022 se incluyó un nuevo caso; derivado de lo anterior, en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en materia de VPMRG están publicados cuatro casos con sentencia firme en las que se ha acreditado violencia política^[3].
• En tanto, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, en su informe de actividades del año 2021, hizo mención que se iniciaron 65 carpetas de investigación por el delito de VPMRG y se dictaron 16 medidas de protección con la finalidad de salvaguardar la integridad de las víctimas^[4].